La cifra la confirmó la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Se trata de casos de indemnizaciones, por ejemplo, que debe a ciudadanos luego que la justicia fallara en contra de la Nación. Actualmente hay 333.021 demandas en curso con pretensiones por $400.5 billones.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó este miércoles un balance sobre los litigios que involucran a la Nación que revela que, a 31 de diciembre de 2020, estaban en marcha 333.021 procesos judiciales, con pretensiones por $400.5 billones. La cifra es menor, en comparación con 2019, cuando estaban en curso 405.659 casos.
Los expedientes corresponden a procesos judiciales, pero sí se suman 71 casos activos de arbitraje y 16 controversias internacionales de inversión, las pretensiones totales serían de $425.8 billones. También están activos 1.125 peticiones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Según este balance, hubo una disminución en los procesos nuevos que arrancaron en 2020 contra el Estado, 34.381, frente a 107.757 en 2019. Y de los 333.021 procesos judiciales, la mayoría corresponden a demandas administrativas, seguidas de asuntos laborales.
En concreto, hay activos 53.517 procesos de reparación directa (cuando una víctima demanda al Estado por ejemplo), 20.217 de nulidad y restablecimiento de derecho, 2.934 de protección de derechos e intereses colectivos, 2.443 procesos ejecutivos, 1.992 controversias contractuales, 1.795 de nulidad simple y 624 casos de petición de reparación por perjuicios causados a un grupo. Las entidades más demandadas son Colpensiones, el Fondo del Magisterio, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Ministerio de Defensa, la Policía y la Fiscalía, entre otras.
Las principales causas por las que los ciudadanos demandaron en 2020 a la Nación, en casos no laborales, fueron privaciones injustas de la libertad, fallas en la prestación del servicio de salud, irregularidades a la hora de imponer sanciones disciplinarias, incumplimiento de sentencia judicial, lesiones, desplazamiento forzado, omisiones en las funciones de inspección y vigilancia o el daño o amenaza ambiental por actividades del sector de hidrocarburos.
Ahora bien, ¿Cuánto debe el Estado por concepto de fallos, indemnizaciones por pagar a los ciudadanos? La respuesta es $11.20 billones. Según reportó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en 2020, se hicieron pagos por $0.70 billones, mientras por $0.82 de 2019 y $0.79 billones en 2018. “El Ministerio, la Agencia y la Presidencia están trabajando en un nuevo decreto que esperamos salga pronto para utilizar el mecanismo fijado en el Plan de Desarrollo y pagar las sentencias con bonos de deuda, lo cual disminuirá los intereses que tiene que pagar el Estado”, dijo el director de la Agencia, Camilo Gómez.
Gómez señaló que de las 16 controversias internacionales de inversión, se esperan pronto que haya decisiones sobre el caso de Americamóvil (el caso de Claro por reversión de activos); al igual que el caso de Gas Natural Fenosa (Electricaribe) o el de Glencore (en donde Colombia pidió anular un laudo que ordenó pagar $19 millones de dólares).